Por Nicolás Orsini
El sector vitivinícola argentino, quinto productor a nivel mundial, está atravesando un verdadero sismo regulatorio. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), ha puesto en marcha una reestructuración histórica: mediante la Resolución N° 37/2025, se derogaron 973 regulaciones.
Esto implica que casi el 80% del andamiaje normativo que rigió al vino durante décadas dejará de existir a partir del 1 de enero de 2026. La medida busca modernizar la industria y quitarle peso al Estado, pero ha dividido las aguas entre quienes celebran el fin de la burocracia y quienes temen por la trazabilidad del producto emblema nacional.
Un cambio de paradigma: del control total a la inocuidad
El cambio medular es conceptual: el INV dejará de ser el «policía de bodega». Históricamente, el organismo intervenía en cada paso del proceso, fiscalizando desde el viñedo y la cosecha hasta el transporte y los movimientos en los tanques. Era una presencia constante y, para muchos, asfixiante.
Con el nuevo esquema, el Estado se retira de los procesos intermedios para concentrarse exclusivamente en el control del producto final embotellado. El objetivo pasa a ser garantizar la inocuidad, es decir, asegurar que el vino sea apto para consumo y no esté adulterado. En términos prácticos, esto significa que se eliminan unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año y desaparece la obligación de tramitar más de 140.000 permisos de tránsito anuales para mover el vino. La responsabilidad de la trazabilidad interna ahora recae totalmente en los productores.
El capítulo exportaciones: ¿libertad o exigencia externa?
Uno de los puntos que mayor incertidumbre generó al principio, y que merece un análisis detallado, es cómo afecta esto a las exportaciones, el motor que hoy tracciona gran parte de la industria. La desregulación plantea un escenario dual.
En el mercado interno, las certificaciones comerciales que acreditan el origen geográfico, la añada y la variedad del vino pasan a ser optativas. Es decir, el productor puede elegir si someterse a ese control para ponerlo en la etiqueta o no. Sin embargo, la regla cambia cuando el vino cruza la frontera.
El INV mantendrá sus funciones clave relacionadas con el comercio exterior. El organismo continuará emitiendo las certificaciones exigidas obligatoriamente para la exportación, tal como lo requieren los países de destino. Si un mercado como la Unión Europea o Estados Unidos exige certificar la añada o la variedad, el INV seguirá siendo el garante de esa información. No se pierde el aval estatal hacia afuera, sino que se flexibiliza hacia adentro.
Además, la reforma busca agilizar la burocracia exportadora mediante la tecnología. El organismo está trabajando para simplificar la emisión de estos certificados a través de la interoperabilidad informática. Un caso de éxito reciente es la integración digital con Brasil, el principal socio comercial, y el objetivo es replicar este modelo con otros mercados clave como Perú y Colombia. La idea es que la desregulación no signifique menos control de calidad hacia el mundo, sino menos papeles para sacar el vino del país.
La grieta interna: eficiencia vs. trazabilidad
Más allá de la exportación, la medida ha generado dos bandos claros en el plano local. Por un lado, el Gobierno y cámaras como Bodegas de Argentina sostienen que el sistema anterior era obsoleto, oneroso e ineficaz. Argumentan que liberar recursos y horas de trabajo que antes se iban en burocracia permitirá enfocarlos en producir y vender, mejorando la competitividad ante la caída del consumo global. Confían en la madurez de una industria donde el 90% de las bodegas no tuvo sanciones recientes.
Del otro lado, la COVIAR, ex autoridades del INV y cámaras provinciales advierten sobre los riesgos de relajar los controles intermedios. El temor principal es el fantasma de la adulteración: creen que al controlar solo la botella final, el INV podría llegar tarde cuando el daño ya está hecho. También advierten que eliminar controles como el ingreso de uva rompe la cadena de información, lo que a largo plazo podría afectar la confianza de esos mismos mercados externos que hoy compran vino argentino por su prestigio y trazabilidad.
Los tres puntos en revisión
Aunque hay apoyo general a la desregulación, las provincias de Mendoza y de San Juan pidieron que tres requisitos específicos sigan vigentes, aunque sea de forma simplificada.
Se trata del CIU (Certificado de Ingreso de Uvas), clave para saber qué materia prima entra a la bodega; el Control del Tenor de Azúcar, una barrera técnica fundamental para asegurar calidad; y el Certificado Final de Bodega, para no perder información del cierre del proceso productivo.
El debate está abierto y el 2026 será el año de la verdad para saber si la industria puede mantener su prestigio global con este nuevo esquema de libertad vigilada.